La asociación Convivencia Cívica Catalana ha denunciado que el gobierno autonómico catalán está transmitiendo a la opinión pública datos falsos sobre las evaluaciones y puntuaciones que reflejan el grado de conocimiento del español de los alumnos sometidos al sistema de inmersión lingüística. La Generalidad se ha fundado en dichos datos falsos para asegurar que dicho sistema cumple el objetivo de dotar al alumnado de un conocimiento del español idéntico o incluso superior al que se produce en otras comunidades autónomas. El gobierno catalán ha lanzado  ese argumento después de que el TSJC emitiera un auto  que obliga a introducir el español como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña,  a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.  

En una nota de prensa, la asociación, que llevó el caso a los tribunales, recuerda que, según evaluaciones oficiales y contrastadas, en Cataluña el nivel de conocimiento del español por parte de los alumnos es inferior al del resto de España.

4 Septiembre 2011

El TSJC emplaza a introducir el español como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido dos autos por los que establece ‘un plazo máximo de dos meses para que  la consejería de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña adopte cuantas medidas estime precisas para adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

El TSJC desestima el argumento presentado por la Generalidad que defendía ‘que para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria es necesario continuar con el actual modelo educativo’, esto es, con la inmersión lingüistica escolar obligatoria exclusivamente en catalán.

Así, considera que esa explicación es insuficiente ‘para considerar cumplida la declaración contenida en el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo [en diciembre de 2010], de que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, […] de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular de la enseñanza’.

Convivencia Cívica Catalana, entidad que ha iniciado el proceso judicial, se ha felicitado porque el TSJC exija a la Generalidad la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo. Su abogado, Ángel Escolano, ha declarado a LA VOZ DE BARCELONA que si la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, no cumple estos autos presentarán una querella criminal contra ella por prevaricación (delito que lleva asociada una pena de inhabilitación para cargo público de entre siete y diez años) y por desobediencia a los tribunales (que podría costarle una multa de tres a doce meses y la inhabilitación para cargo público por entre seis meses y dos años).

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La sentencia del TSJC ha sido recibida con indignación por el gobierno autonómico catalán y los partidos nacionalistas catalanes, que han anunciado su negativa a darle cumplimiento.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, declaraba desde Galicia, donde participaba en un acto del PSdG, que la sentencia del TSJC sólo afecta a ”casos  concretos y puntuales” y ha defendido el modelo de inmersión vigente en Cataluña, que supone la exclusión del español como lengua vehicular, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, a pesar de que ésta afirma que no se puede hacer tal exclusión.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, dirigente del PSC, declaró por su lado que “los socialistas catalanes defendemos y defenderemos el sistema educativo de inmersión lingüística”, alegando que  eso “es lo que ha garantizado la cohesión social y lingüística” en Cataluña.